Sandra Bonari, Jueza de Corte, a cargo de la Oficina de Género del Poder Judicial de la Provincia de Salta, invitó a participar de una mesa de diálogo a Pilar González Sastre, directora del Observatorio contra la Mujer, Irene Cari, del Foro de Mujeres, y a Yanela Barrios, de Madres Protectoras, quienes estuvieron acompañadas por la abogada del Foro, Natalia Carolina Otero, la abogada de Programa PatrocinAR del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Andrea Aparicio, por una de las integrantes de la comisión directiva del Foro de Mujeres e integrante del Pueblo Indígena Los Lules, María Estela Torres, y por Carmen Chuchuy Juárez de la Fundación GEMA-Género y Masculinidades.
Motivó esta reunión el hecho de la disparidad en cifras de femicidios ocurridos en nuestra provincia en lo que va del año 2023, ya que el Foro sostuvo que habrían ocurrido 12 y que sólo 6 habrían sido informados por la provincia
En este sentido, Bonari explicó la metodología de relevamiento del Registro Provincial de Femicidios, un registro dinámico que parte del anoticiamiento por los medios de la muerte violenta de una mujer o vinculada a un contexto de violencia de género, para continuar en columna sucesiva con la actuación del Ministerio Público Fiscal, si instó acción penal y/o imputó por el delito de Femicidio. Y por último, para mostrar, si la hubiese, el estado judicial en que se encuentra la causa.
Actualmente el registro contiene la información correspondiente a 12 muertes violentas de mujeres, 5 con imputación fiscal por femicidio y 7 en las cuales la fiscalía o bien no instó causa alguna o no imputó.
A su vez, Bonari compartió un proyecto que el año pasado presentara ante sus pares en la Corte, con relación a la comunicación en el marco de la Responsabilidad Parental entre niñas, niños y adolescentes con padres agresores, el que dará lugar a la creación de un registro de progenitores imputados o condenados por delitos vinculados a los arts. 700 inciso a) y 700 bis y 702 inciso e) del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que servirá de consulta a jueces y juezas del fuero de familia por la posible suspensión o privación de la comunicación de los y las menores con éstos. Este proyecto fue tratado nuevamente en la reunión de Corte del día de la fecha.
