“A seis años, se profundiza la deuda del Estado”

A seis años de la irrupción en el ámbito público del colectivo que lleva la consigna “Ni Una Menos”, convocado para denunciar y concientizar sobre la gravedad de los femicidios, transfemicidios, travesticidios o crímenes de odio por razones de género en Argentina, prevalece la decepción, pero también la voluntad de lucha, en el colectivo de mujeres y diversidad.

La historia habla por sí sola. Los innumerables casos de femicidios que obligan a las familias a emprender luchas heroicas para alcanzar justicia; el doble crimen de las universitarias francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni; el por ahora impune femicidio de Jimena Salas; el asesinato de Andrea Neri, en la cárcel de Villa Las Rosas, a manos de su pareja, detenido por haber asesinado a otra mujer, también en una cárcel; o el de Evelia Murillo, asesinada por defender a una alumna. Son solo algunos, más impactantes, pero tan graves como cada uno de los casos que aparecen en una lista dolorosa, frente a la que el Estado se muestra indolente o ineficiente, para la prevención, la asistencia y la sanción, según corresponda.

En el último año las medidas de confinamiento, así como las restricciones de movilidad y aislamiento, resultaron ser generadores de mayores riesgos para las mujeres y las niñas, sumando barreras adicionales en el acceso a servicios esenciales, que ya venían padeciendo.

No es posible encontrar estadísticas oficiales tanto en el ámbito provincial como nacional de registros de femicidios; es una deuda del Estado en las políticas públicas que subsiste, a pesar de la reforma del Código Penal que introduce esta figura de femicidio en el año 2012, como forma de visibilizar la muerte violenta de las mujeres por el hecho de ser mujer

Es de suma importancia disponer de estas estadísticas, no solo para tener un registro cuantitativo, sino para hacer un análisis cualitativo: del grado, de tipo, modalidad de violencia de género, atravesadas por otras violencias estructurales como la condición social, cultural, económica y de clase entre otras.

Desde las esferas internacionales de protección a los Derechos Humanos de las Mujeres llaman una vez más a los estados a que prioricen la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y niñas, a través de cuatro estrategias principales:

Garantizar el acceso a los servicios esenciales de atención, es decir, facilitar el acceso a las cortes y juzgados, hospitales y servicios de salud, a consultorios jurídicos y al apoyo psicosocial.

Alianzas con organizaciones: trabajar estrechamente con las organizaciones de sociedad civil y redes de mujeres defensoras de derechos humanos. Estas organizaciones son las expertas en las necesidades de las mujeres y es importante fortalecer sus capacidades y recursos para responder a la crisis.

Cero tolerancia: tener cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres, asegurando que los servicios policiales y judiciales prioricen la atención y sanción de la violencia. De manera paralela, involucrar a la comunidad a unirse contra la violencia de género.

Invertir en prevención: aumentar la inversión en la prevención a través de programas de educación, campañas públicas y programas para empoderar a las mujeres y niñas, buscar la transformación de las masculinidades nocivas o las normas sociales que fomentan o toleran la violencia contra ellas.

En nuestro país, por las luctuosas cifras que registran, Salta, Jujuy y el conurbano bonaerense fueron elegidos por la Iniciativa Spotlight (ONU Mujeres) para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, nada ha cambiado. En lo que va del año en 5 meses registramos 7 femicidios (fuente Fundación Gema).

La desolación de las organizaciones de mujeres y colectivo LGTBQI, que trabajan en pos de una vida libre de violencia ante la situación de desamparo por parte del Estado es generalizada.

Un Estado que nos muestra una imagen degradada de inseguridad, de impunidad, y del abismo que separa la declamatoria, que repudia al machismo y reclama derechos, de los hechos concretos donde deberían materializarse esos derechos.

(*) Asesora de la Fundación GEMA. Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos.

Fuente: https://www.eltribuno.com/salta/nota/2021-6-3-0-0-0–a-seis-anos-se-profundiza-la-deuda-del-estado

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