Las propuestas del presidente Javier Milei, que incluyen la eliminación de cupos laborales, documentos no binarios y la figura del femicidio, son vistas como una tendencia conservadora que amenaza con borrar décadas de avances en derechos humanos.
El gobierno de Javier Milei trabaja en un proyecto que busca eliminar lo que denomina “discriminación positiva”, derogando leyes y cupos laborales destinados a promover la igualdad de oportunidades. Entre las medidas contempladas se encuentran la eliminación de los cupos laborales para personas trans, los documentos no binarios y el tratamiento del femicidio como un agravante penal. El proyecto será presentado en el Congreso en marzo, y se enmarca dentro de un discurso polémico del presidente argentino, que se alinea con un giro conservador que también se manifiesta en el escenario global, como en el reciente Foro Económico de Davos. Sin embargo, para las referentes feministas de Salta, este tipo de iniciativas constituyen un retroceso preocupante en la lucha por la igualdad de género y los derechos humanos.
Mónica Menini, abogada feminista con una extensa trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y los grupos LGTB+, considera que la propuesta del gobierno es sumamente preocupante. Para Menini, lo que está en juego es un avance conservador no solo en Argentina, sino a nivel mundial. La abogada destaca que los discursos de figuras como Milei y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quién adoptó una postura más conservadora en cuestiones de género, muestran que hay una tendencia hacia el retroceso en los derechos que tanto el feminismo como los movimientos LGBT+ han conquistado en las últimas décadas. “Claramente hay un avance porque no son cosas que dice Milei, que es bastante explosivo cuando habla, sino que también hay un cambio en otros países. Para nosotros es alarmante”, sostiene Menini.
En cuanto a las propuestas de “igualdad ante la ley”, Menini explica que estas pretenden desmantelar los mecanismos que durante años se implementaron para proteger a las mujeres y a las comunidades históricamente vulneradas. La abogada feminista recuerda que el concepto de discriminación positiva, por el que se luchó durante décadas fue fundamental para reducir las brechas de desigualdad. Este tipo de medidas, como los cupos en el ámbito laboral, la protección de las personas trans y el tratamiento del femicidio como agravante, son fundamentales para construir una sociedad más justa.
El rechazo de los movimientos feministas
Según la referente la propuesta del gobierno de Milei se enfrenta a un rechazo enérgico por parte de los movimientos feministas, que interpretan estas medidas como un intento de eliminar los avances conseguidos en términos de derechos humanos. La derogación de las leyes que promueven la igualdad, como la Ley Micaela, que obliga a la capacitación en género para los funcionarios públicos, y la eliminación de los cupos laborales para personas trans, son vistas como una clara regresión en los derechos humanos de las mujeres y las diversidades. “el impacto social de este proyecto podría ser devastador”, sentenció
nticipa un debate intenso
El debate sobre este proyecto, que se anticipa será uno de los más intensos del año, continúa abriendo la brecha entre las voces conservadoras y los movimientos feministas, que sostienen que cualquier avance en términos de igualdad debe ser sostenido y profundizado, no retrocedido. Sin duda, este será un tema de discusión crucial en el Congreso y en la sociedad argentina en general durante los próximos meses.
La mirada de Carmen Chuchuy Juárez, referente de la Fundación Gema Género y Masculinidades de Salta
En su opinión, las propuestas del presidente Milei representan un retroceso significativo en la lucha por los derechos de las mujeres y las diversidades. Juárez considera que lo que está sucediendo no es un hecho aislado, sino parte de un proceso progresivo de desmantelamiento de la política de género y de los derechos humanos que se ha ido consolidando en las últimas décadas.
“El desguace de la política de género y de la legislación tiene un impacto claro: el presupuesto no está destinado a las necesidades de las víctimas”, afirmó. En referencia a las víctimas de violencia de género, quienes ya enfrentan múltiples barreras para acceder a recursos y protección. Un claro ejemplo de ello es la Ley Brisa, que establece una compensación económica para las víctimas de homicidios, pero cuya implementación está lejos de ser efectiva.