En el proyecto denominado “El chineo en la voz de las mujeres”, realizado entre enero y abril de 2023, en el norte de Salta, se revela que mujeres indígenas sostienen que cuando pretenden denunciar violaciones sexuales a mujeres y niñeces indígenas el sistema de justicia es inaccesible para ellas por razones de discriminación y racialización hacia los pueblos originarios. “Se burlan de mi denuncia”, fue una de las frases que se recogió de la investigación llevada adelante por Iniciativa Spotligh y la Red “Las Macachas” de Salta.
El proyecto se llevó adelante en la comunidad wichí Carboncito, de Embarcación; en otra comunidad de General Ballivián, y en una comunidad del Pueblo Tapiete de la ciudad de Tartagal, todas ubicadas en el departamento San Martín. La presentación de los resultados se realizó este último viernes en el Mercado Artesanal de la ciudad de Salta.
El objetivo era explorar y visibilizar los sentidos y valoración que las mujeres indígenas atribuyen a las violaciones sexuales de mujeres y niñeces de esa población, que también se conoce como “chineo” (en el caso de las violaciones en banda cometidas por personas no indígenas), aunque esa denominación es resistida por otras referentas indígenas, entre ellas la fallecida mujer wichí Octorina Zamora, quien sostenía que el uso de esta palabra implicaba un sesgo racista. También denunciaba que hay hombres indígenas que actúan como entregadores.
En la investigación cualitativa que se presentó el viernes último los datos más relevantes refieren a que en las comunidades relevadas existe un desconocimiento generalizado de la palabra chineo; mientras que en algunas de ellas, el término es considerado estigmatizante. En esa línea, las mujeres que participaron del proyecto reconocieron a estas violencias como “violación en grupo, abusos por criollos, chaqueños (por los habitantes de la región del Chaco salteño)”. Algunas de sus declaraciones fueron: “me usaron”, “me violaron”, “me agarraron”.
Además, cuestionaron que cuando quieren hacer denuncias formales se observa “inaccesibilidad a la justicia por discriminación y racialización”, afirmación que se sostiene en relatos como: “no me atienden cuando voy a denunciar”, “no me creen”, “se burlan de mi denuncia”. De esta manera, cuestionaron al sistema judicial y a los procesos de investigación penal que involucran personas de los pueblos originarios. Puntualmente, se cuestionan el trámite que se sigue desde el momento en que se quiere asentar la denuncia en las comisarías hasta el seguimiento de los casos.
Ya hubo presentaciones evidenciando este mal proceder de la justicia. En junio del año pasado la ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, solicitó mediante una denuncia presentada ante la fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto, que se investiguen las responsabilidades sobre hechos de violencia de género, violencia psicofísica, abuso sexual y femicidio, de las que son víctimas niñas, adolescentes y mujeres de comunidades de distintos pueblos indígenas (mayoritariamente el Wichí) que habitan los departamentos San Martín y Rivadavia, en el norte de la provincia de Salta.
Otros de los datos relevantes que destacó el proyecto está vinculado con la inaccesibilidad a los “estratos educativos superiores por sus condiciones económicas y la carencia de docentes bilingües”. Las mujeres manifestaron sus intenciones de continuar su trayectoria formativa, pero “no entiendo bien el castellano”, mencionó una de ellas. Otra situación también mostró que intentaron conseguir becas, sea en la Universidad Nacional de Salta o en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), pero “no me la dieron”.
En sintonía, se observó que existe un “escaso reconocimiento profesional de las lenguas maternas”, dado que se denunció que el sistema educativo de la provincia no reconoce la titularización de la lengua materna de las docentes indígenas.
Además, se visibilizó la imposibilidad del acceso a viviendas seguras puesto que las familias contaron que hacen sus casas con lonas y nylon descartados de las fincas cercanas a sus territorios. Esta denuncia va en línea con la apropiación histórica y creciente de los territorios ancestrales que obliga a las familias a emprender migraciones forzadas. “Estamos en El Acampe (Misión Chaqueña), como guardianas de nuestros territorios desde hace ya 6 meses” sin respuesta de ninguna institución pública, afirmó una mujer.
A la situación se sumó la deficiente accesibilidad al agua potable ya que no se cuenta con infraestructura para ello, provocando “contaminación de aguas y suelos por agroquímicos de los grandes productores”, señaló el informe. Entre las declaraciones de las mujeres se destacan: “los aviones nos fumigan y las acequias se contaminan”, “caminamos kilómetros para llegar a una bomba de agua y sale sucia, agua con barro”.
Los desafíos del Estado
La Red Las Macachas está conformada por la Fundación GEMA, el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, la Asociación Pacha Lab, la Fundación Markani y la ONG Aynis. Desde la Red afirmaron que es “urgente y necesario que todos los actores de la sociedad y, especialmente, el Estado” asuman un compromiso real para la búsqueda de políticas públicas diseñadas desde las perspectivas de interculturalidad, de interseccionalidad y de género.
Entre las propuestas que presentaron el último viernes, pidieron que las normativas vigentes tipifiquen las violaciones en banda a mujeres e infancias indígenas como “crímenes de práctica racista y colonial con la máxima pena posible y esos sean de carácter imprescriptibles”. También, apuntaron a que se promueva la modificación, incorporación o creación de una normativa con la consulta y participación activa de los pueblos originarios que contemplen la cosmovisión y cosmogonía de sus estructuras políticas y sociales que logre un verdadero acceso a la justicia.
Instaron a que se diseñen protocolos adecuados de acompañamiento para las distintas violencias y vulnerabilidades a mujeres e infancias originarias que consideren sus lenguas, prácticas ancestrales, cosmovisión, cosmogonía.
Asimismo, señalaron que se debe promover procesos formativos para mujeres y jóvenes indígenas donde “fortalezcan sus habilidades para generar sus propias investigaciones fuera de los paradigmas estereotipados academicistas,con un enfoque de derechos de mujeres e infancias indígenas”. En sintonía, también instaron a que se genere que “las mujeres y diversidades indígenas accedan a cupos de espacios de decisión en lugares de participación política”.
Por último, solicitaron que las organizaciones sociales y civiles que son “reconocidas con perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad, tengan un espacio de participación activa en el diseño, gestión y monitoreo de las políticas públicas”.