“Un permiso de los hombres”, por encima de la mujer

El Instituto Jurídico con Perspectiva de Género fue una de las instituciones desde las que llamaron la atención sobre las implicancias del fallo que le impide a una joven interrumpir su embarazo porque así lo requirió un hombre que asegura ser el progenitor. La entidad, que integran abogadas especialistas en derechos humanos de Salta, señalaron que la resolución equivale a pedir el permiso de un varón antes de validar la decisión de una mujer sobre su propio cuerpo.

Desde la institución, que fundaron las referentes feministas Tania Kiriaco y Gabriela Gaspar, advirtieron que este tipo de decisiones refuerzan las construcciones sociales que reproducen la “cosificación de las personas gestantes”.

Explicaron que, con el fallo, “se afirma la idea de que las mujeres no pueden disponer libremente de sus cuerpos, necesitando del “permiso’ de los hombres (tanto de sus parejas, como de los diferentes sujetos que forman parte de los estamentos estatales)”.

Las especialistas recordaron que “la perspectiva de género no es una opción al momento de tomar decisiones que pongan en tela de juicio derechos adquiridos y legitimados constitucionalmente, sino una obligación que debe ser respetada por el Estado”.

Remarcaron que la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue promulgada y sancionada por autoridad competente.

Desde la Fundación Gema (Género y Masculinidades) hicieron “un llamado a la reflexión de los magistrados del Poder Judicial para que actúen conforme a derecho y de acuerdo a la ley y los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres”.

Sostuvieron que Tomás Méndez Curutchet desconoció la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, que aprobó en diciembre el Congreso, al judicializar un caso en el que está en juego la libertad y la decisión de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

“Asimismo, nos sorprende con la celeridad y premura que actuó la provincia de Salta a través del memorándum 124/21 emitido por el Ministerio de Salud, dirigido a los responsables de todas las áreas operativas, con el objetivo de impedirle a la mujer acceder al protocolo en ningún hospital ni centro de salud “, agregaron. También reclamaron políticas públicas que contemplen los derechos de las mujeres.

Adhirieron al comunicado de Gema organizaciones como la Fundación Volviendo a Casa, MTA Comunidad diversa del Valle Calchaquí y Espacio Gé nero y Diversidad ATE.