El martirio de Úrsula interpela a todo el Estado

El asesinato de Úrsula Bahillo, ocurrido en la provincia de Buenos Aires, es un ejemplo emblemático de la tragedia cotidiana del femicidio, de la que se habla mucho y contra la cual se hace muy poco. Mientras no haya medidas efectivas de prevención y contención, todo seguirá igual.

En esta ocasión, todos los poderes del Estado quedaron al desnudo.

El asesinato de Úrsula impactó dramáticamente en la opinión pública por la reacción inmediata de los jóvenes del pueblo de Rojas y de muchas localidades del país. Sin embargo, hasta el sábado eran 46 las víctimas de la criminalidad de género. 46 muertes en 44 días del año.

Entre 2010 y 2019 se registraron 2.749 femicidios, con un promedio de 275 víctimas anuales, según un relevamiento de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMalá). En 2020 sumaron 329 muertes más. Este año, el promedio diario aumentó.

En un comunicado, la Fundación Gema apuntó a la cuestión central. “…nos deben políticas públicas para erradicar la violencia y los femicidios”. Úrsula sufrió un calvario desesperante. Ella, su madre y sus amigos habían presentado al menos 17 denuncias contra el policía Matías Ezequiel Martínez, un criminal con juicios en trámite, acusado de violencia y sadismo por sus exparejas, una de ella policía. Además, fue denunciado, con testimonio en Cámara Gesell, de abuso sexual contra una menor. La Policía lo había suspendido en 2020 con carpeta psiquiátrica, justamente, por violencia de género e ineptitud. A lo largo de cinco años, la reacción del sistema judicial fue inocua: en enero el juez de Paz Luciano Callegari había dispuesto perímetro de exclusión y cese de hostigamiento por seis meses, medidas frágiles, si se tienen en cuenta los antecedentes del acusado. La misma morosidad exhibió el fiscal Sergio Terrón que ahora tiene a su cargo la investigación por el femicidio de la joven. Es que los antecedentes, en la Argentina, no son tenidos en cuenta.

Según la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la muerte de Úrsula se debió a que “el lugar que nos dan las policías y los poderes judiciales es nulo y tenemos que decir “hasta acá'”.

La funcionaria lleva un año en el cargo y frente al crimen debería hablar como ministra y no teorizar como militante rasa. GEMA le exigió a Gómez Alcorta “un plan efectivo para erradicar la violencia hacia las mujeres y los femicidios que son muertes evitables de tantas mujeres y niñas”.

Es evidente que las fuerzas policiales no muestran eficiencia y compromiso para controlar los femicidios, y que los jueces y fiscales disponen medidas preventivas que no disuaden a ningún criminal. La legislación argentina ha eliminado los antecedentes delictivos como instrumento para disponer detenciones y aislamientos, inspirada en principios jurídicos que, en general, consideran que el delincuente es víctima de una sociedad que no lo contiene. Esa perspectiva deja las manos libres a personajes como el asesino de Úrsula que, para el sentido común, debió haber estado preso.

Frente a eso, los gobiernos no hacen nada. Y no lo hacen porque se verían obligados a trabajar y revisar la visión sobre la sociedad y la seguridad, y los discursos políticos inspirados en ella.

La reacción de los amigos de Úrsula, a quienes ella anticipó su propia muerte, es la expresión de la impotencia. Es ilustrativa la angustia de la pareja de amigos que se presentó la noche anterior en la comisaría para denunciar que Martínez estaba asediando a la jovencita de 19 años.

A Úrsula la dejaron sola, como a muchas mujeres víctimas de violencia de género.

Es lógico que las críticas apunten a las fuerzas de seguridad, porque las estadísticas demuestran que en esas instituciones revistan muchos femicidas. Pero son todos los poderes del Estado, nacionales y provinciales, empezando por el Ejecutivo, los que deben asumir críticamente su desempeño frente a este flagelo que convierte en un infierno la vida de infinidad de mujeres, que destruye familias y que es el resultado de fallas profundas en la legislación, en los procedimientos y en la cultura de la impunidad que abarca a todos los aspectos de la vida de los argentinos.

 

Fuente: https://www.eltribuno.com/salta/nota/2021-2-14-0-0-0-el-martirio-de-ursula-interpela-a-todo-el-estado

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